El Gobierno tapa el fracaso de la ley de vivienda con parches al alquiler
Casi un año después de que el Consejo de Ministros aprobara el Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, la norma continúa tramitándose y sin visos de salir adelante
El reloj se ha cumplido y la que estaba llamada a ser la gran ley del Gobierno de coalición en el año 2022 sigue sin aprobarse. Casi un año después de que el Consejo de Ministros aprobara, en su reunión del 1 de febrero, el Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, esta norma continúa tramitando enmiendas; mientras, en paralelo, las diferentes fuerzas que sostienen al Ejecutivo de Pedro Sánchez aprovechan para negociar apoyos con los hogares de los españoles como moneda de cambio.
El PSOE fue el primero en mover ficha cuando, en septiembre, presentó dos enmiendas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los desalojos en caso de allanamiento u ocupación ilegal, un problema especialmente grave en Cataluña que sufren numerosos alcaldes del PSC; Bildu se llevó el mérito de prorrogar un año el tope del 2% al alza de los alquileres, en vez de hacerlo conforme al IPC; mientras que Unidas Podemos se anotó ayer el logro de ampliar por otros seis meses la obligatoriedad de renovar la renta en las mismas condiciones cuando vence contrato.
Por el camino, la ley de vivienda se dejó fuera del acuerdo entre socialistas y morados para aprobar los presupuestos generales el pasado octubre. Entonces, el discurso oficial era afirmar que la norma iba a estar lista antes de final de año, versión que el Gobierno ha mantenido casi hasta comerse las uvas, cuando la evidencia no ha admitido ya más trucos. Al otro lado de la mesa, desde las filas empresariales, cada vez más voces apuestan que no habrá ley de vivienda con este Gobierno, ni este año, ni en 2023.
"Como el Ejecutivo ha visto que la aprobación y la aplicación real de la ley de vivienda eran muy complicadas, y que tenía que contar con el beneplácito de las comunidades autónomas, ha decidido saltarse todas las normas y también a las comunidades autónomas, para ir aplicando contenidos de esta ley", afirma José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). "Esta es una medida política que tiene la clara intención de cambiar las reglas de juego, vulnerando la legalidad de la LAU, favoreciendo una vez más a los arrendatarios, en detrimento de los propietarios particulares", añade.
ANA estima que el tope del 2% al alquiler ha supuesto ya una pérdida de 1.800 millones de euros para los caseros, que en su inmensa mayoría, en torno al 90%, son particulares, mientras que los grandes propietarios —fondos institucionales, family offices o inmobiliarias— apenas controlan en torno al 10% del mercado del alquiler en España.
"Con esta medida, el Gobierno carga sobre los propietarios el problema social de la vivienda, que es responsabilidad de la Administración. ASVAL (Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler) recuerda que el 75% de los propietarios son particulares con una o dos viviendas, que las destinan al alquiler de vivienda de uso habitual para completar sus ingresos o su pensión, y que también sufren los embates de la inflación. Una inflación que, según los datos del propio Gobierno, se está aminorando paulatinamente y ya se encuentra en los niveles más bajos de toda Europa".
Al impacto económico más cuantificable de estas medidas se suma otro, probablemente de mayores consecuencias a largo plazo, pero casi imposible de cuantificar ahora, que es la falta de seguridad jurídica que genera este constante goteo de normas. "Una vez más, se trata de una injerencia en el normal funcionamiento del mercado. Son medidas temporales que no solucionan los problemas reales ni de fondo", advierten desde Asipa (Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler).
En su opinión, "serían necesarias medidas no intervencionistas y sí estructurales que deberían pasar por aumentar la oferta de vivienda en alquiler, que es el verdadero problema de raíz, y por garantizar la seguridad jurídica, imprescindible para generar confianza e incentivar inversiones a largo plazo". La realidad es que España carece de un parque de vivienda social y asequible, déficit que va a arrastrar todavía durante años, ya que, a pesar de las innumerables promesas políticas por parte de gobiernos municipales, regionales y nacionales, apenas han arrancado las obras de unos pocos miles de hogares en todo el país.
Los planes más avanzados son Habitatge Metropolis Barcelona, en el área metropolitana de la Ciudad Condal, y el Plan VIVE de la Comunidad de Madrid. En ambos casos, apenas han arrancado las obras de las primeras viviendas, que estarán listas para 2025, y han necesitado de la iniciativa privada para poder financiar estos planes: en el caso catalán, la promotora Neinor, controlada por los fondos Orion y Stoneshield, y en Madrid, la inmobiliaria Culmia, propiedad del fondo Oaktree y el fondo Ares Management.
En el terreno estatal, prácticamente las únicas bolsas de vivienda disponibles son los 11.000 hogares ya habitados del Fondo Social de la banca, y otras 15.000 también habitadas de Sareb; ambas procedentes de medidas que se tomaron en la anterior crisis inmobiliaria, cuando el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, obligó a las entidades financieras a crear una bolsa de hogares sociales y se creó Sareb.
Aunque la repetida promesa del Ejecutivo es crear un parque de 100.000 alquileres sociales y asequibles, la realidad es que la inmensa mayoría de ellos apenas son un número escrito en un papel. De hecho, actualmente, solo están proyectadas, que no construidas, 57.812 viviendas: 7.217 corresponden al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021; 3.151 a acuerdos ya firmados del Plan de Recuperación; otros 8.592 hogares son actuaciones con las comunidades autónomas; 17.319 son futuras actuaciones de Sepes, que también recurrirá a la colaboración público-privada; 11.000 de la banca; 15.000 de Sareb, y 1.470 de convenios firmados con diferentes ayuntamientos.
Como señala un agente del sector inmobiliario que pide mantenerse en el anonimato, "este sistema de parches golpea la necesaria seguridad jurídica para hacer planes e inversiones a largo plazo al cambiar las reglas de juego cada dos por tres. Eso inhibe a los inversores de poder analizar planes a largo plazo". Y la construcción de un gran parque público de vivienda en alquiler necesita la iniciativa privada.