Los propietarios critican la

A falta de Ley de Vivienda, el Gobierno ha optado por intervenir de manera directa los precios del alquiler como novedad en su tercer plan anticrisis para hacer frente a las consecuencias de la inflación y la guerra en Ucrania. La vivienda se ha convertido en uno de los puntales del plan presentado ayer por el presidente, Pedro Sánchez, y los propietarios critican que el esfuerzo real recaiga sobre ellos y no sobre las Administraciones Públicas responsables, de ahí que muchos se estén sumando a la iniciativa para presentar una reclamación patrimonial conjunta contra el Estado.

Por un lado, el Ejecutivo congelará las rentas y las condiciones de aquellos contratos que venzan en los próximos seis meses y quieran una renovación; por otro lado, el Gobierno ha prorrogado un año más la limitación del 2% en la actualización anual de las rentas y, además, se extiende durante seis meses la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables.

Organizaciones como Asipa (Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler) creen que estas medidas constituyen "una injerencia en el normal funcionamiento del mercado" y otras como Asval, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, considera que se trata de "un nuevo ataque al Derecho a la Propiedad Privada de más de dos millones de propietarios en España". Su queja no es sólo que se establezcan medidas de intervención, sino que no existan contraprestaciones o compensaciones a los propietarios, de la misma forma que están haciendo otros países como Portugal.

La propia asociación, presidida por el ex ministro socialista Joan Clos, se encuentra en estos días canalizando una respuesta conjunta de los casi 6.000 socios que la integran para reclamar contra los efectos de dichas medidas. La organización anima a sus miembros a presentar una reclamación patrimonial contra el Estado para reclamar las pérdidas que consideran que les reporta la limitación del 2% y ahora también la congelación de las revisiones y se ha ofrecido a canalizar todas aquellas reclamaciones que los caseros decidan enviarles.

Para ello, Asval ha fijado de plazo hasta el 31 de enero (aunque no descarta ampliarlo) y ha enviado una guía práctica a sus socios para informarles sobre cómo deben preparar la reclamación, qué documentación necesitan, cómo redactarla y qué reclamar. "Debe tenerse en cuenta que la cuantía se corresponde con el daño que efectivamente se ha producido (no el que sabemos que se va a producir pero aún no hemos sufrido)", recoge el documento al que ha tenido acceso EL MUNDO.

Recientemente han realizado una encuesta en la que más de 1.000 propietarios manifestaron su disposición a reclamar, si bien desde Asval aseguran a este diario que esperan que esa cifra sea mayor. En la asociación calculan una pérdida media de 1.000 euros anuales por cada contrato de alquiler en vigor.

"Inseguridad jurídica"

Mientras tanto, en el sector hay unanimidad a la hora de valorar el impacto que las medidas del nuevo plan de Moncloa tendrán en el mercado y advierten de que, lejos de aliviar la tensión de algunas zonas, irán a más. "Las medidas anunciadas en materia de alquiler son excelentes noticias para los inquilinos actuales y no pueden ser peores para los que busquen casa a partir de enero", apunta Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. "El Gobierno se equivoca otra vez regulando el alquiler. En estos momentos el origen del calentamiento del mercado se debe a la falta de oferta, que sigue menguando, y genera no sólo tensiones sobre los precios sino una enorme ansiedad en las familias que están buscando arrendar una vivienda y tienen que enfrentarse a verdaderos castings. Las medidas anunciadas, lejos de arreglar la situación, la empeoran gravemente: no sólo desincentivan la aparición de nuevas viviendas en el mercado, sino que empuja a muchos más propietarios a sacarlas del mismo y a ponerlas en venta", añade.

Las distintas críticas coinciden también en señalar la "inseguridad jurídica" que se genera y la falta de soluciones estructurales a los problemas de acceso a la vivienda que hay en España. "Una vez más, se trata de una injerencia en el normal funcionamiento del mercado. Son medidas temporales que no solucionan los problemas reales ni de fondo", señalan desde Asipa, quien enumera otras alternativas como "aumentar la oferta de vivienda en alquiler, que es el verdadero problema de raíz, y garantizar la seguridad jurídica, imprescindible para generar confianza e incentivar inversiones a largo plazo".

Para José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), las pérdidas ahora serán "mucho mayores, porque los arrendadores no podrán actualizar sus rentas a precios de mercado, perdiendo todavía más poder adquisitivo". Además, Zurdo considera que "gracias a estas medidas, hay cada vez menos oferta, a precios más elevados y cada vez se les piden más requisitos a los inquilinos para poder acceder a una vivienda".

En el lado opuesto se sitúa el Sindicato de Inquilinos, uno de los grupos de presión más cercanos a Unidas Podemos, que celebra las medidas adoptadas ayer por el Consejo de Ministros aunque cree que se quedan cortas. "Durante meses, los Sindicatos de Inquilinos hemos presionado para que el Gobierno tomara medidas en el ámbito de la vivienda contra la inflación. Hoy, por fin llegan, pero son insuficientes"

Sobre la limitación del 2% en la actualización, asegura que es una medida "positiva pero debe incluir elementos sancionadores para ser efectiva, ya que la mayor parte de los caseros se intenta saltar el tope"; sobre la prórroga de los contratos durante seis meses al mismo precio, asegura que "posterga el problema" medio año y "no protege de subidas de precios en los contratos que firmen nuevos inquilinos y los pisos que entren en el mercado del alquiler".

https://www.elmundo.es/economia/vivienda/2022/12/28/63aadb70fc6c83da548b45be.html