Los fondos acatan topar el alquiler, pero alertan sobre la inseguridad jurídica
Los fondos acatan el tope al alquiler, pero alertan de inseguridad jurídica si se alarga
- La decisión del Ejecutivo de limitar al 2% la revisión del IPC en los alquileres es una medida que solo se sostiene jurídicamente si es limitada en el tiempo y por una causa extraordinaria
Por Ruth Ugalde. 29/03/2022 -
Este miércoles, el Consejo de Ministros aprobará limitar al 2% el alza del IPC en la revisión de los contratos de alquiler, una medida que ha vuelto a encender las alarmas en torno a la seguridad jurídica española, pero que resulta difícil de criticar en un momento excepcional como el que atraviesa la economía, con numerosas industrias pidiendo al Ejecutivo intervenir el precio de la energía y aplicar políticas que permitan controlar la inflación. Esto es, precisamente, lo que ha impulsado a los ministerios de Transportes y Economía, que son los que han liderado esta medida, a poner un tope: evitar que la excepcional situación derivada de la guerra en Ucrania dispare los alquileres, ahogando a cerca de un millón de familias, y, al mismo tiempo, evitar que esta subida se traslade a la inflación de segunda ronda y dificulte todavía más la necesaria contención de precios.
A esto se añade la presión que desde Unidas Podemos estaban metiendo al PSOE, ya que su propuesta era todavía más radical, al defender directamente la congelación de rentas. Esta suma de factores ayuda a entender que la reacción de los grandes inversores institucionales haya sido menos beligerante que en otras ocasiones, al entender el crítico momento que vive la economía y la necesidad de aplicar medidas excepcionales, pero al mismo tiempo advierten de que llueve sobre mojado y que este tipo de políticas alimenta la inseguridad jurídica.
Desde Asval, asociación que defiende los intereses de fondos como Blackstone, Ares o Castlelake, tachan de artificial la referencia del 2% y defienden que "lo más apropiado sería limitar la subida de rentas al incremento de la inflación subyacente, aquella que elimina los elementos más volátiles del índice de precios como la energía y los alimentos no elaborados. En febrero, la inflación fue del 7,6%, mientras que la inflación subyacente fue del 3%, según el INE". Según explican desde el Ministerio de Transportes, el tope del 2% responde a que se ha tomado como referencia el índice de garantía de competitividad, indicador que establece una tasa de revisión de precios consistente con la recuperación de competitividad frente a la zona euro. En el último periodo publicado por el INE, correspondiente a enero de 2022, este índice se situó en el 2,02%. Asval, asociación que respaldan Blackstone, Ares y Castlelake, defiende ligar la revisión a la inflación subyacente, lo que limitaría el alza al 3% Como ya hizo cuando estalló la crisis del covid, el Ejecutivo ha recurrido a la figura del real decreto y a una modificación puntual y acotada en el tiempo para dar sostén jurídico a la medida y evitar tener que tocar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). En principio, el tope del alquiler será solo por tres meses, hasta el 30 de junio, aunque desde el Ministerio de Transportes reconocen que, en función de cómo evolucione la situación, podría ampliarse en el tiempo, como ya se hizo, por ejemplo, con la prórroga de los alquileres durante la pandemia, medida que se ha extendido casi dos años, hasta el pasado 28 de febrero.
"Veo peligroso que estos topes se consoliden, porque afectan a la libertad de pactos, y porque no tienen en cuenta todos los gastos que van ligados a la vivienda y que van a seguir aumentando aunque se limite la renta", advierte Marta Martín, del despacho AM2 Legal, bufete especializado en derecho inmobiliario. El real decreto que se llevará hoy al Consejo de Ministros distingue entre pequeño y gran propietario, categorías a las que afectará de diferente manera la norma. Los primeros podrán llegar a pactos de actualización de rentas diferentes al 2%, aunque resulta complicado pensar que algún inquilino acepte voluntariamente un incremento superior a este límite, mientras que los segundos solo podrán hacer valer acuerdos entre las partes que estén por debajo de este tope. El sector entiende la situación excepcional que vivimos, pero teme que esta solución temporal esconda una política intervencionista perenne "Este Gobierno tiene una tendencia a trasladar al sector privado las eventuales soluciones al problema del alquiler, cuando nuestro mercado está compuesto en un 80% por propietarios particulares que también sufren las consecuencias de una alta inflación, además de otros problemas como impagos, okupación, etcétera. Si queremos alquileres más asequibles, hay que apostar por medidas que fomenten la oferta y que den seguridad a los propietarios, sean particulares o profesionales", señala Beatriz Toribio, experta inmobiliaria. "El Gobierno olvida, una vez más, que estos ahorradores son los que tienen que financiar la nueva oferta para que la vivienda sea asequible, y que, con una rentabilidad muy reducida, solo piden a cambio seguridad jurídica. Veremos, además, si se cumple lo excepcional sobre la temporalidad de esta medida, y no se convierte en una forma camuflada de implementar una intervención estatal del mercado del alquiler, como abogan los socios de Gobierno", critican desde Asipa.