Asipa critica que se regulen precios en inversiones realizadas
ENTREVISTA A FERNANDO LACADENA
"Para los grandes propietarios, es peor la limitación de precios que la okupación"
La patronal de las grandes compañías de inmuebles en alquiler, Asipa, critica que se regulen precios en inversiones ya realizadas, pero las admite de cara a nuevas promociones
En el Congreso de los Diputados, se cuentan los días para la llegada de una de las leyes que más ríos de tinta han hecho correr y que más encendidos debates prometen generar. La ley de vivienda llegará al hemiciclo con el voto en contra del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la oposición de los grandes propietarios de viviendas y el rechazo de las plataformas de inquilinos, el cóctel perfecto para terminar convirtiendo una necesaria norma en un pozo de inseguridad jurídica.
Aunque la falta de reglas clara es un revés para cualquier actividad, el problema se agrava en compañías que invierten a largo plazo, como las empresas patrimonialistas, porque necesitan hacer sus números con la mayor predictibilidad posible, y si les rompen las normas a mitad de partida, las inversiones pueden saltar por los aires. De ahí que Fernando Lacadena, presidente de la patronal de los grandes propietarios de inmuebles en alquiler Asipa, diferencie entre una norma que regula rentas en inversiones ya realizadas y otra que apuntara solo al futuro.
"Nos preocupa la intervención en precios de cara a las inversiones ya realizadas, en las nuevas no, porque si hay un marco claro, ya sabes lo que hay y decides si vas o no". La preocupación de estas empresas ante un escenario de control de rentas como el que se ha diseñado, diferenciando entre pequeño y gran propietario y cambiando reglas desde 30 años atrás, es tal que Lacadena, a la pregunta de si le preocupa más que la okupación, responde tajante: "Ahora mismo, nos hace mucho más daño la regulación de precios que los okupas".
En los últimos años, estas empresas han ido desarrollando políticas de realojo y negociación con inquilinos y las administraciones, unas prácticas que distan mucho de las vistas hace una década, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, y que ponen en evidencia su capacidad de adaptarse a los nuevos escenarios políticos y sociales. "Yo no conozco a ninguna compañía de Asipa que esté dejando a la gente en la calle, lo que tampoco puede ser es que no haya ninguna solución a la okupación".
La veintena de compañías que forman parte de Asipa es propietaria de inmuebles con una vocación de permanencia a largo plazo, como AXA, Allianz, Azora, Cevasa, La Finca o Vivenio. "Aquí estamos propietarios de piedra", dice de manera muy gráfica. "Queremos soluciones de largo plazo porque es un negocio de largo plazo, no te compras activos de este tipo para cinco años, ni tampoco asumes el pasivo para ese plazo", añade.
Como su negocio se basa en cobrar rentas, estas empresas son las primeras interesadas en tener las viviendas siempre habitadas, frente a otro tipo de inversores más especulativos que compran grandes lotes de hogares vacíos con el objetivo de hacer una reventa rápida. "Quien haya venido aquí buscando rentabilidades del 15% se ha equivocado", reconoce Lacadena, quien lamenta cómo se ha criminalizado la imagen de las grandes compañías de vivienda en alquiler.
"La figura del gran tenedor es muy negativa. Primero, porque prácticamente te asemeja con un fondo buitre, cuando es justo lo contrario, la mayoría somos empresas cotizadas que nos hemos movilizado antes que la Administración" en abordar problemas como el pago de rentas en pandemia. En segundo lugar, ese tono beligerante en nada ayuda a tender puentes y movilizar los miles de hogares que hacen falta para solucionar el acceso a la vivienda, un frente que el Gobierno ha planteado abordar, entre otras soluciones, con la cesión de 30.000 viviendas privadas a un fondo público.
"Asemejarnos a todos con fondos buitre que están aquí para sacar la sangre no ayuda para nada", deja claro el presidente de Asipa, quien también advierte de que, "sin la iniciativa privada, el Gobierno va a tener muy difícil" poder sacar al mercado los hogares que hacen falta para solucionar el problema de la vivienda. Y no será porque carezca de recursos para ello, ya que desde el sector privado se sostiene que la solución está en movilizar suelo para poder promover pisos en alquiler asequible, y el mayor propietario de suelo es la propia Administración.
"El ladrillo, la mano de obra, etcétera valen prácticamente igual en todas partes. La diferencia tan abismal que hay entre unas zonas y otras es la repercusión del suelo, cuando el dueño del suelo es la Administración, masivamente. Por tanto, tiene muchísima capacidad para hacer vivienda a precios asequibles". Este planteamiento es el que ha llevado a la Comunidad de Madrid y a Barcelona a lanzar los planes de colaboración público-privada Vive y HMB, proyectos que han conseguido salir adelante, pero con una concurrencia mucho menor de la esperada.
"Si las condiciones del concurso hubiesen sido lo suficientemente adecuadas en términos de seguridad y rentabilidad, se lo tendrían que haber quitado de las manos", critica Lacadena, quien advierte de que con la nueva ley de vivienda se corre el riesgo de que termine promoviéndose infravivienda, por los ajustados márgenes con que se les pide trabajar. "Y la experiencia dice que los sustos que te llevas por el camino te van quitando puntos de rentabilidad".