Lacadena (Asipa): "Tenemos espíritu de permanencia, no somos especuladores"

Desde que se conociera el acuerdo de la futura Ley de Vivienda, éste se ha convertido en el principal asunto para Fernando Lacadena y Asipa, la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler que preside desde hace seis años. Agrupa a empresas y sociedades cuya cartera residencial ronda las 20.000 viviendas y forman parte de eso que el Gobierno denomina "grandes propietarios". Durante la entrevista, reivindica el "espíritu de permanencia" de sus socios, pero pese a ello, asegura que se sienten "demonizados".

MARÍA HERNÁNDEZ

¿Por qué tienen esa sensación? ¿Cómo reciben los mensajes que señalan a los grandes propietarios como especuladores y oportunistas?

Las compañías que sobrevivieron a la anterior crisis salieron fortalecidas y han contribuido a profesionalizar el sector desde 2015. Los grandes operadores en España son compañías nada especulativas, pero sí con un espíritu de obtener cierta rentabilidad. Por pura lógica. Las compañías que no son rentables no son viables económicamente a medio y largo plazo, pero hablamos de una rentabilidad razonable. Las compañías que formamos Asipa tienen un claro espíritu de permanencia en España. No nos sentimos para nada especuladores, aunque sí nos sentimos atacados por el Gobierno, que está dirigiendo los comentarios hacia los grandes inversores como si fuésemos los únicos responsables de las alteraciones de los precios en el mercado. Esto es una falsedad. Sólo controlamos el 4% del parque residencial del país y somos conscientes de que no podríamos tener un espíritu de permanencia en el sector si jugásemos a estrujar el limón y sacarle la última gota en estos años.

¿Qué valoración hace de lo que se conoce hasta ahora de la Ley de Vivienda?

 Es una ley ineficaz, porque no añade ni una sola vivienda en el mercado y por tanto no ataca al problema de raíz que es la escasez de oferta ni resolverá el problema estructural; y es una ley contraproducente, porque el inversor de ese tipo de viviendas se retirará del mercado viendo que el Gobierno no hace más que castigarles. Será difícil encontrar a inversores que inviertan y quieran poner en marcha proyectos nuevos, y se cortará de raíz el mantenimiento del parque de vivienda que se estaba haciendo. Vamos a salir de esta con un parque mucho más viejo, peor mantenido y sin una vivienda más. Lo único que va a provocar es que se vaya de España una parte importante del dinero que está financiando muchos de los desarrollos actuales. Aprobar leyes así está dañando de manera muy grave al país por la inseguridad jurídica que genera para los inversores internacionales. Me parece una irresponsabilidad que una infraestructura tan esencial para los ciudadanos como la vivienda, que además es un derecho constitucional, se esté utilizando como moneda de cambio por puros intereses políticos para conseguir la aprobación de los Presupuestos o para mantener al Gobierno actual.

 ¿Les sorprendió la manera en que se resolvió el acuerdo? ¿Estaban al corriente de las últimas negociaciones?

No sabíamos nada. Nos lo encontramos en los periódicos como el resto de la población. Esperábamos que esta ley fuera una oportunidad para alcanzar un gran pacto sectorial y por nuestra parte siempre ha habido planteamientos de colaboración público-privada. Eso a nivel técnico se ha recibido bien, pero a nivel político ha primado la oportunidad política.

 Mencionaba el sentido político que subyace en el acuerdo sobre esta ley. ¿Se concibe más la vivienda como un instrumento político que como el problema social que es?

No me cabe ninguna duda.

¿Por qué cree que la ley focaliza la mayor parte de su acción en los grandes propietarios?

Parece muy fácil castigar el capital y el capital ellos lo conciben como algo malo. Los márgenes con los que trabaja este sector son prudentes, no puedo decir que sean escasos, pero sí acordes con el nivel de riesgo que se asume en el mercado. En concreto, oscilan entre el 3% y el 4%, dependiendo de la zona y la ciudad. El que venga a este sector pensando en rentabilidades del 10-15% se habrá equivocado. Ahora bien, el gran problema que existe en el mercado de la vivienda en España es que la vivienda social, que es la que va destinada a un segmento de población que lo está pasando mal, casi no existe y este tipo de vivienda. Las Administraciones Públicas, en tanto que son las titulares de la mayor parte del suelo edificable, tienen en su mano una parte de la solución, pero con este proyecto de ley trasladan toda la responsabilidad al sector privado, cuando el sector privado no puede solucionarlo. Nosotros no somos el problema, somos parte de la solución.

El PP ya ha anunciado un recurso a la ley ante el Tribunal Constitucional. ¿Se plantean ustedes alguna medida en este sentido?

Todavía es muy pronto para hablar de eso. Hasta que no conozcamos la redacción final no vamos a tomar ninguna postura. Ahora mismo pensamos que la ley no ayuda, que nos hace tener mucha incomodidad a la hora de gestionar los parques que tenemos los operadores, nos genera problemas de cara a nuestros accionistas y que el problema de la vivienda no se reduce, sino que se hace más grande.

 ¿A qué se refiere cuando dice que puede influirles a la hora de gestionar sus parques?

Mientras el particular puede modificar los precios como quiera, los institucionales vamos a ver congelada nuestra rentabilidad durante años. Si ahora estamos obligados a 7 años de alquiler más una prórroga adicional, tenemos la cuenta de resultados cercenada para los próximos 10 años y eso es un problema de crecimiento, de reposicionamiento de los mercados, para el mantenimiento del parque...

https://www.elmundo.es/economia/vivienda/2021/10/07/615df475fc6c83bf038b462e.html