El descontento por el alquiler pone en jaque a las grandes capitales

De la expropiación en Berlín a la sobrerregulación en Estocolmo: el descontento por el alquiler pone en jaque a las grandes capitales

• Hace años que los grandes caseros desembarcaron en las grandes urbes y muchos ven en ese desembarco el germen del aumento de los precios

MARÍA HERNÁNDEZ | 29 septiembre 2021

El acceso a la vivienda es cada vez más un problema del primer mundo que se ha agudizado con la pandemia. La imparable escalada de precios en grandes ciudades empieza a agitar un descontento social que los gobiernos y autoridades locales temen que se les vuelva en contra, por eso empiezan a tomar cartas en el asunto y ponen en el objetivo de sus medidas a los grandes propietarios.

Hace años que los grandes caseros desembarcaron en las grandes urbes y muchos ven en ese desembarco el germen del aumento imparable de los precios. En España, su llegada masiva coincidió con el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008 y en la última década, la subida acumulada de las rentas alcanza el 32%.

La situación en otros países y ciudades es similar y lo ocurrido en el referéndum de Berlín ha dejado claro que el problema mantiene en jaque a todas las capitales europeas. Casi el 57% de los berlineses votaron el pasado domingo a favor de expropiar a las grandes empresas inmobiliarias para que una vivienda pública gestione los alquileres en la ciudad. "Hemos dado una señal de que no siempre van a ganar los grandes", exclamó Rouzbeh Taheri, uno de los impulsores de la campaña.

Los grandes son fondos de inversión, promotoras, operadores e inversores internacionales que se han convertido en el objetivo al que todos culpan: los inquilinos, porque los acusan de incentivar la especulación y la escalada de precios, y los poderes políticos, porque derivan hacia ellos parte de su propia responsabilidad en materia de vivienda.

"Los políticos ponen el peso en los grandes propietarios y establecen medidas cuya efectividad no se ha demostrado, ni en Cataluña, ni en Berlín ni en ningún otro lugar en donde se han puesto en marcha", apunta Beatriz Toribio, directora general de Asval (Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler). Toribio aboga por medidas que incentiven la oferta, que den seguridad jurídica y que estimulen la colaboración público-privada para aumentar el parque de vivienda disponible, y reivindica también el papel de los grandes tenedores en el mercado. "No son el problema, sino parte de la solución", asegura a EL MUNDO.

EL EMPUJE DE BERLÍN

El referéndum de Berlín no es vinculante a nivel político, aunque sí permitirá aumentar la presión sobre el próximo equipo de gobierno en el ayuntamiento. Ese valor simbólico da esperanzas a movimientos sociales de otros lugares del mundo que reivindican mayor presión sobre los grandes tenedores para aliviar el problema del alquiler.

"El resultado en Berlín tiene mucha potencia y podría servir de revulsivo para que la clase política se sienta interpelada y se plantee medidas que a priori no se habría planteado", señala Fernando Barrera, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

Esa presión social cada vez en mayor y empieza a condicionar decisiones políticas que poco tienen que ver con la vivienda. El ejemplo más cercano lo tenemos en España, donde las discrepancias entre los socios de Gobierno respecto a la futura Ley de Vivienda y la limitación de los alquileres está condicionando la negociación de los Presupuestos Generales para 2022.

PSOE y Unidas Podemos siguen distanciados por la regulación de las rentas, ya que la formación de Ione Belarra exige una intervención directa en los precios a la que los socialistas se niegan. El desencuentro es tal que UP registrará este jueves en el Congreso una propuesta de Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda elaborada por un conjunto de organizaciones civiles en la que se aboga, entre otras cosas, por la expropiación a grandes tenedores y las sanciones a la vivienda vacía.

"Si las administraciones en vez de asumir su responsabilidad siguen atacando la baja rentabilidad del alquiler y creando además inseguridad jurídica, las consecuencias van a ser una huida del ahorro institucional y privado de este clase de activos y agravamiento aún mayor de la situación", advierte Fernando Lacadena, presidente de Asipa, la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler.

Dentro o fuera de España, los dilemas políticos y legislativos de las administraciones son los mismos: regular o no regular los precios, expropiar o no inmuebles a grandes tenedores, sancionar o no las viviendas vacías... Ninguna de las opciones ha arrojado hasta ahora los resultados esperados.

En Cataluña, donde la Ley de contención de las rentas acaba de cumplir su primer año en vigor, ha reducido un 40% la oferta y los precios han bajado menos que en otros lugares como Madrid, donde los alquileres no están intervenidos.

PAÍSES BAJOS

En los Países Bajos, el problema de la vivienda también ha llegado a la primera línea política. El primer ministro Mark Rutte se resiste a ceder en la pretensión de los partidos de izquierda, que piden abolir el impuesto sobre los grandes propietarios de vivienda de alquiler social para que destinen ese dinero a construir nuevas viviendas en alquiler asequible.

El impuesto reporta unos 1.800 millones de euros a las arcas públicas y Rutte se resiste a renunciar a ellos, pero en el lado de la vivienda, el tributo no sólo no ha aliviado el problema, sino que ha terminado estrangulando el mercado de pisos para las rentas más bajas. Es decir, ha tenido un efecto contrario al que se pretendía.

Tal y como explican en el portal Idealista, el mercado de Países Bajos se divide entre alquileres sociales o regulados -que se aplican para las rentas por debajo de los 750 euros mensuales- y el mercado libre.

Desde 2013, los grandes propietarios (más de 50 pisos) que ofrecen alquileres sociales pagan un gravamen con el que el Estado pretendía impulsar la construcción de viviendas y el mercado de alquiler libre. Pero la demanda no deja de aumentar, y con ella han crecido también las listas de espera para acceder a los pisos de alquiler social. El mercado libre tampoco ha crecido a un ritmo suficiente como para dar respuesta y eso ha terminado disparado los precios, sobre todo durante la pandemia.

EL CASO SUECO

En Suecia, el control de los alquileres es una realidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial pero el incremento de la demanda en las grandes ciudades está poniendo el sistema en cuestión. En Estocolomo y otras grandes ciudades del país, el control de las rentas se establece mediante una negociación entre las asociaciones de inquilinos y las de propietarios.

Cualquier ciudadano puede optar a una vivienda en este régimen y una vez que se consigue el contrato, pertenece al inquilino de por vida. Eso ha generado unas listas de espera que en la capital ya alcanzan los nueve años de retraso de media y los atascos han derivado en un mercado negro de subarrendamiento que ha disparado los alquileres.

La presión es tal que el gobierno de centroizquierda presentó el pasado verano una propuesta para liberalizar el alquiler de las viviendas nuevas, aunque el actual sistema de negociación colectiva se mantendría para las existentes.

https://www.elmundo.es/economia/vivienda/2021/09/29/6152f127e4d4d8d8108b45bf.html