Las empresas reclaman que el Gobierno deje de jugar con la política de vivienda

Otra más, y ya van... Por enésima vez, el Gobierno de coalición ha puesto en evidencia sus costuras con la filtración, este miércoles, de que PSOE y Unidas Podemos habían llegado a un acuerdo para controlar los precios del alquiler para, apenas un día después, negar la mayor y decir por boca de la mismísima ministra de Economía, Nadia Calviño, que de acuerdo nada y que siguen negociando.

Este teléfono roto funciona todavía peor cuando al otro lado del auricular hay un representante empresarial inquieto por saber qué hay de cierto en todo esto y, lejos de recibir una respuesta clara, se encuentra con mensajes esquivos, que rechazan la existencia de un acuerdo al mismo tiempo que reconocen el consenso entre los socios de gobierno para regular precios.

Y en medio de este espectáculo, hay todo un sector en vilo por saber cuáles van a ser las nuevas reglas de juego, un nuevo marco donde tanto los socialistas como el grueso de las empresas se inclinan por aplicar incentivos fiscales, frente a la postura de Podemos de controlar los precios e, incluso, forzar que bajen. Un debate que supera nuestras fronteras, ya que en varios países se han puesto sobre la mesa medidas como el control de precios, pero que necesita estar precedido de algo tan básico como la seguridad jurídica.

"Claro que puede haber alquileres de 400 y 500 euros al mes, pero para ello necesitamos un marco claro, seguridad jurídica y garantía de que se van a mantener las mismas reglas a lo largo del tiempo", aseguran desde una de las mayores gestoras de fondos internacionales que operan en nuestro país.

La política espectáculo desatada en torno a un activo tan crítico como la vivienda, por tanto, es todo un lastre para el sector, que reclama seguridad jurídica para poder invertir y sacar así al mercado más vivienda, palanca clave para abaratar los precios. "La política de vivienda es mucho más seria que todo esto, no hay un plan claro, pasado mañana se dirá otra cosa y así, lo que se está haciendo, es maltratar el concepto de vivienda en su conjunto", se lamenta Daniel Cuervo, secretario general de APCE (Asociación de Promotores Constructores de España).

"El control de precios es una medida cortoplacista, que no ataca la raíz del problema, que es la escasez de oferta. Tampoco garantiza la necesaria seguridad jurídica que demanda el sector y es imprescindible para atraer al ahorrador institucional, imprescindible para financiar el elevado déficit de vivienda que tenemos en España. Vemos una oportunidad histórica para que la nueva ley estatal de vivienda se aborde desde el consenso más amplio, con una visión técnica, que ofrezca soluciones reales y a largo plazo", apuntan desde Asipa (Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler).

La guerra del relato en que han caído PSOE y Podemos con la nueva ley estatal de vivienda, donde parece que lo importante es quién se cuelga la medalla más que el metal de que está hecha, ha convertido el término 'seguridad jurídica' en el gran mantra de un sector que pierde la fe con cada nuevo fuego de artificio. "El mercado quiere unas reglas de juego claras y con el compromiso de que se van a mantener a largo plazo", añade Cuervo.

Un deseo que dista mucho de lo vivido esta semana, en la que, además del acuerdo, o no acuerdo, respecto al tope de precios, se ha vivido otro juego político en torno a la decisión del Consejo de Ministros de impugnar la ley de control de los alquileres de Cataluña ante el Tribunal Constitucional, por considerar que vulnera competencias exclusivas del Estado.

Lo que 'a priori' iba a ser una noticia del agrado de las empresas, y que iba en la línea de dotar de seguridad jurídica a los inversores, terminó convirtiéndose en un nuevo juego político donde ERC y el PSC convirtieron este recurso en gesto meramente efectista, más que efectivo, ya que el Gobierno ha decidido no pedir la suspensión de la norma catalana hasta que apruebe la nueva ley de vivienda y, con ella, la regulación del tope de los alquileres.

Un doble rasero que fue rápidamente criticado desde Asval (Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler), que se lamenta de que "el Gobierno no aborde en su recurso de inconstitucionalidad la cuestión de fondo, la vulneración del derecho de propiedad, y que no suspenda esta ley regional, manteniendo un clima de inseguridad jurídica tanto para los propietarios como para los ciudadanos que quieren alquilar una vivienda".

Por Ruth Ugalde 18/06/2021 https://www.elconfidencial.com/empresas/2021-06-18/las-empresas-claman-por-que-el-gobierno-deje-de-jugar-con-la-politica-de-vivienda_3138555/