Ábalos negocia la cesión de pisos a una plataforma de alquiler social
Ábalos negocia con grandes fondos la cesión de pisos a una plataforma de alquiler social
Mantiene negociaciones con vistas a la nueva Ley de Vivienda, presionado por el deseo de su socio de gobierno de actuar al margen de los grandes propietarios
11/02/2021
Será otra posible medida estrella de la nueva Ley de Vivienda. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha trasladado a los principales inversores nacionales e internacionales propietarios de pisos su deseo de que participen en la creación de un fondo de viviendas en alquiler de carácter social, según fuentes presentes en las reuniones mantenidas a comienzos de este mes.
Valor Añadido
El equipo del ministro José Luis Ábalos trabaja contrarreloj en el diseño de esta solución como medida de urgencia para tratar de sacar al mercado, bajo un marco de colaboración público-privada, un volumen relevante de pisos y a precios asequibles, de manera que puedan impactar en los núcleos urbanos donde existe mayor tensión entre oferta y demanda, como las zonas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla.
Las reuniones han sido con integrantes de las asociaciones Asval y Asipa, que agrupan a los principales inversores de vivienda en alquiler del país, con actores destacados como Blackstone, Lazora, Axa, Caixa, Ares, Renta Corporación, Goldman Sachs o Cerberus. En ellas, Fomento ha expuesto su deseo de que los fondos sean parte de la solución y colaboren con el objetivo de “garantizar vivienda social y asequible”. No en vano, el Real Decreto-ley 37/2020 del 23 de diciembre ya estableció que “es importante complementar el fondo social de vivienda, constituido por inmuebles de las entidades de crédito, plenamente operativo, con una iniciativa paralela o equivalente en el ámbito de las sociedades y fondos especializados en el alquiler residencial, instrumentando su participación reglada y favoreciendo su colaboración con las administraciones territoriales competentes para dotar de nuevos instrumentos al servicio de las políticas sociales y de vivienda”.
Esta medida o una similar ha estado gravitando desde el comienzo de la legislatura, pero con Sareb como brazo ejecutor ideal. Sin embargo, las características de los activos del ‘banco malo’, donde el Estado es accionista de referencia (49%), son inútiles para llevar a cabo este propósito, dado que la mayoría de viviendas está muy dispersa por el territorio y en zonas sin problemas de acceso, por lo que está ejecutando su propio plan. Según lo tratado en estas reuniones, el ministerio se comprometió con los grandes propietarios a remitirles un borrador del proyecto para que valoren la conveniencia de participar en él. Sin embargo, todavía se desconocen las bases del mismo, ni los plazos manejados desde el gabinete de Ábalos, que viene retrasando la fecha de redacción final de la futura Ley de Vivienda, una de las más esperadas para este arranque de año.
Antes de afrontar esta vía, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana presentó en julio de 2018 las líneas maestras de su Plan 20.000. Este programa concentra la acción del Gobierno para impulsar la promoción de 20.000 viviendas en alquiler o con renta limitada junto a CCAA y ayuntamientos, y con la participación de la agencia pública Sepes, y debería comenzar a sustanciarse a partir del periodo 2022-24. Los primeros acuerdos de ese plan se firmaron en septiembre de 2020, con un plan de 370 unidades en Valencia, por lo que la llegada de las primeras viviendas al mercado tardará todavía varios años.
Tensión con Podemos
A pesar de que las competencias de este plan recaen en Ábalos, el otro socio de gobierno (Unidas Podemos) ha convertido también la política de vivienda en uno de sus ejes de actuación. Algunos de los puntos más controvertidos de la nueva Ley de Vivienda se atribuyen a la presión de la formación morada, como la limitación de rentas o la obligación de ofrecer alternativas a morosos, inspiradas en las políticas impulsadas en Cataluña. Sin embargo, hace solo unos días, algunos de los artículos de ese decreto-ley de la Generalitat han sido declarados inconstitucionales y nulos. Durante las últimas semanas, algunos dirigentes de Unidas Podemos, como Ione Belarra, vicepresidenta de Derechos Sociales, han propuesto, en el marco de la disputada negociación de la nueva Ley de Vivienda, que los grandes propietarios de inmuebles destinen el 30% de sus pisos para alquiler social. La oferta de Ábalos está alejada de estos términos, pero todavía falta saber su desarrollo y hasta dónde es capaz de influir el socio de gobierno de los socialistas.