Los propietarios prevén un aluvión de demandas contra el Gobierno

Los propietarios prevén un aluvión de demandas contra el Gobierno

• La medida que se aprueba hoy paralizará los desahucios incluso en algunos casos de ocupación ilegal. La medida provocará una ola de litigiosidad por responsabilidad patrimonial.

Inma Benedito. Madrid Los propietarios de pisos en alquiler, grandes y pequeños, contemplan presentar a partir de hoy miles de demandas contra el Gobierno por atentar contra la propiedad privada con su nuevo decreto antidesahucios. La medida que aprobará hoy el Consejo de Ministros provocará una avalancha de litigiosidad, al dar carta blanca a la ocupación ilegal. “Prevemos que habrá miles de reclamaciones judiciales por responsabilidad patrimonial del Estado”, avisa un portavoz de la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa) en declaraciones a este diario. Las demandas reclamarán al Estado responsabilidad patrimonial por atentar contra normas fundamentales como la protección de la propiedad privada o la tutela judicial efectiva. “Lo mismo ocurrirá si además no hay compensación justa”, añaden desde Asipa. Según el borrador del decreto, el juez podrá paralizar un desahucio cuando los ocupantes de la vivienda estén en situación de vulnerabilidad (aunque ésta se originara antes de la pandemia y no derive directamente de la crisis del Covid-19). El punto más controvertido del decreto es que, en el caso de grandes propietarios, el juez también podrá paralizar el desahucio incluso aunque no haya contrato de alquiler, es decir, en casos de ocupación ilegal (si en la vivienda hay menores, dependientes o víctimas de violencias machistas). De ahí que asociaciones como Asval (Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler) denuncien que el decreto legaliza la ocupación ilegal.

La paralización del desahucio podrá extenderse durante tres meses o mientras dure el estado de alarma. En ese tiempo, las comunidades deberán encontrar una alternativa habitacional para los ocupantes. Sólo si no lo consiguen, el propietario podrá pedir una compensación equivalente al precio medio de los alquileres de la zona o, en caso de que haya contrato de alquiler, de la mensualidad reflejada en el mismo.

Si había contrato de alquiler, podrán solicitar la compensación tanto grandes como pequeños propietarios. Si no hay contrato, hay diferencias: en el caso de pequeños propietarios, no se podrá paralizar el desahucio y se aplicará la legislación ordinaria. Si el propietario es gran tenedor, podrán pedir compensación, pero deberán demostrar que la ocupación les causa perjuicio económico. Si la administración encuentra alternativa habitacional, no podrán pedir compensación.

El propio decreto supone una capitulación del Gobierno en su función de velar por el derecho a una vivienda de colectivos vulnerables. Mientras el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional piden aumentar el parque de vivienda social como solución, el Ejecutivo busca soluciones fáciles a problemas complejos, definición para medidas de corte populista. La de los desahucios es una medida rápida, sin coste presupuestario y que pone el peso de la responsabilidad en el sector privado en plena crisis.

Muchos propietarios llevan meses sin percibir rentas, desde que a finales de marzo se aprobó la primera suspensión de lanzamientos y moratorias. “Algunos son propietarios vulnerables, que también están en ERTE y están siendo despedidos, y el alquiler era su única fuente de subsistencia”, lamenta José Ramón Zurdo, Director General de la Agencia Negociadora del Alquiler. Cabe recordar, además, que los grandes propietarios fueron los primeros en ofrecer moratorias a sus inquilinos, antes incluso del paquete de medidas del Gobierno. En total, prevén que cada propietario afectado deberá hacer frente a pérdidas por más de 9.000 euros. Según el Institut Cerdà, hay en España alrededor de 200.000 pisos ocupados, un 20% de los cuales pertenecen a fondos de inversión.

Al no ir a la raíz del problema, el Gobierno podría agravarlo mucho más, ya que quienes hasta el momento están sacando vivienda en alquiler es la parte sobre la que estas medidas ejercen presión. Los profesionales alertan de que la inversión caerá, los propietarios retirarán sus pisos de la oferta y serán más exigentes a la hora de evaluar la solvencia de los inquilinos, y sin oferta pública para compensar esa caída, los alquileres se encarecerán.

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