La moratoria del alquiler de locales comerciales: por qué es insuficiente

 

La moratoria del alquiler de locales comerciales ya se puede solicitar: por qué las empresas lo ven insuficiente

El aplazamiento de la renta de locales de negocios es una de las últimas medidas aprobadas para apoyar la economía y el empleo ante la crisis por el COVID-19. Pero no acaba de convencer a asociaciones de comercio, autónomos y propietarios.

Desde ayer y hasta el próximo 23 de mayo, los inquilinos de locales comerciales y oficinas afectados por la crisis del COVID-19 pueden solicitar a su casero el aplazamiento de hasta cuatro mensualidades del alquiler.

La moratoria está garantizada siempre que el inquilino sea un autónomo o una pyme, y siempre que el casero sea una entidad pública o gran propietario, es decir, que tenga más de diez inmuebles urbanos (sin sumar garajes y trasteros) o más de 1.500 metros cuadrados de superficie construida.

Si el arrendatario cumple los requisitos, el aplazamiento debe ser aceptado siempre que no se hubiera alcanzado ya un acuerdo previo entre ambas partes, y no conllevará intereses ni penalizaciones de ningún tipo. El BOE especifica también que las rentas pospuestas se podrán pagar de forma fraccionada y durante un periodo máximo de dos años.

Condonación de los pagos

Desde ACOTEX, que aglutina a más de 800 empresas especializadas del sector textil, consideran esta moratoria “insuficiente” y reclaman “una condonación” de todos los pagos, tanto los referentes a los alquileres como los de tributos y cotizaciones.

“El 100% de nuestros comercios está cerrado al público, por lo cual los ingresos son cero. Y no están llegando las ayudas. Ante esta situación lo que estamos pidiendo es que a ingresos cero, los pagos sean cero”, señala de forma rotunda Eduardo Zamácola, CEO de Neck&Neck y presidente de ACOTEX, en un vídeo compartido en el canal de Twitter de la asociación.

Es la misma demanda que realizaron el pasado 13 de abril organizaciones y patronales del comercio de toda España en un comunicado conjunto. Estas instituciones, entre las que se encuentra la propia ACOTEX, así como la Confederación Española de Comercio (CEC), la Asociación Española de Centrales de Compra (Anceco), las asociaciones de retail, servicios y restauración Amicca, Comertia y Eurelia, y la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE), representan a la mayoría del sector y agrupan alrededor de 510.000 puntos de venta y generan 1,7 millones de empleos.

Según las estimaciones plasmadas en este manifiesto, el parón de actividad forzado por el estado de alarma puede causar el cierre de hasta el 50% de las empresas, así como la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo a corto y medio plazo.

Por este motivo solicitan medidas que faciliten la renegociación, que permitan la condonación de rentas y que faciliten un sistema de subvenciones. Todo, para resolver uno de los principales problemas del sector: “La enorme dificultad de afrontar el pago del principal coste de la actividad, los alquileres de los locales comerciales”.

Impacto limitado

Hasta el pasado 21 de abril, el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez no había aprobado ningún mecanismo de ayuda o respaldo al comercio enfocado a uno de sus principales gastos fijos, mantener loss espacios en los que desarrollan sus actividades. Previamente se aprobó una moratoria para las hipotecas y también se habilitó un plan para alquileres particulares. Pero no existía ninguna acción específica para el comercio hasta esta semana.

El Gobierno, que prevé beneficiar con la moratoria a más de 222.000 inmuebles alquilados de uso comercial, ocio, hostelería y turismo, ha limitado esta medida a autónomos y pymes cuyo negocio se haya frenado en seco o haya caído drásticamente.

Y esta es otra de las lagunas de la medida, de acuerdo con ASIPA, la patronal de las grandes inmobiliarias del alquiler, ya que la actual situación de crisis “es compartida por todos”. “Lamentamos que las medidas aprobadas no se hayan extendido al conjunto del sector retail, afectando sólo a autónomos y a la pequeña y mediana empresa”, explican.

Ayudas directas

Tras la publicación del Real Decreto, la asociación de propietarios de locales comerciales, que tiene como socios a Colonial, Lar, Merlin o Unibail Rodamco, echa en falta “un mayor apoyo de la Administración con ayudas directas para atender aquellos pagos que se aplacen” y recuerda que esto sí se ha hecho en el caso de las moratorias a viviendas de particulares y también en otros países, donde los gobiernos “están cubriendo parte de las rentas durante el período de cierre obligatorio”.

Coinciden en este punto la Confederación Española de Comercio (CEC) y la asociación de autónomos UATAE. El presidente de la CEC, Pedro Campo, valora la medida como positiva pero afirma que “debe ir acompañada de ayudas directas que deben aplicarse de forma urgente, de lo contrario estimamos que entre un 20% y un 30% del comercio cierre sus puertas antes de verano”.

Y desde UATAE añaden que este tipo de ayudas directas son especialmente “necesarias” en los casos en los que el arrendador es un pequeño propietario, para que no se vea perjudicado.

Pequeños propietarios

Porque, como hemos visto, la moratoria tiene una aplicación prácticamente automática para los grandes arrendadores y para las entidades públicas. ¿Pero qué pasa cuando el propietario del local es un ahorrador particular? En este caso, el Real Decreto plantea que autónomo o pyme también podrá solicitar bien el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta o bien una reducción del importe.

Sin embargo, la gran diferencia es que el casero no tiene por qué aceptar las condiciones. La concesión del aplazamiento es completamente voluntaria. Es por eso que, si accede a flexibilizar las mensualidades, se le permitirá disponer de la fianza para compensar total o parcialmente las rentas aplazadas, aunque tendrá que reponerla en el plazo de un año o en el tiempo de vigencia que tenga en contrato de alquiler, si es inferior a 12 meses.

Seguridad jurídica

Por otra parte, tanto ASIPA como UATAE ponen en valor el marco de seguridad jurídica que ofrece la medida. Por una parte, por el hecho de establecer como norma la moratoria temporal como criterio de referencia, ya que “ayudará a aplicar un criterio homogéneo en las negociaciones en curso”, destaca la patronal de grandes inmobiliarias.

A su vez, la asociación de autónomos hace énfasis en la utilidad en casos de impago por dificultades sobrevenidas, “ya que en estos supuestos si el arrendatario ha efectuado la solicitud a su arrendador y no ha obtenido respuesta, puede acreditar la buena fe ante una reclamación posterior”.

UATAE también menciona que el Real Decreto establece los documentos que se han de presentar para acreditar el cumplimiento de las condiciones necesarias para ser beneficiario de esta medida, limita las posibles exigencias o abusos del casero, que “no podrá exigir ningún documento más allá de los recogidos por la norma”.

La salida

Y pensando en la desescalada del estado de alarma y el confinamiento, las empresas afectadas señalan otros flecos a pulir. Por ejemplo, desde UATAE indican que en función del futuro desarrollo de las fases de desconfinamiento podría ser necesario “ampliar los plazos de la moratoria”.

“Actualmente está limitada a cuatro meses, pero existe la posibilidad de que algunos sectores mantengan dificultades más tiempo, y por tanto, este extremo debería ajustarse y graduarse”, destacan.

En la misma dirección se expresa ACOTEX, que reclama un escalado en las rentas de sus alquileres de locales de negocios “al menos hasta fin de año”. Además, incide en la exigencia de ayudas directas para afrontar la apertura de las tiendas debido a las “alarmantes” previsiones de ventas tras el confinamiento.

Según estima la patronal del comercio textil, en el primer mes de apertura las tiendas facturarán un 70% menos respecto al mismo período del año anterior; un 60% menos el segundo mes y en los meses posteriores las ventas serán del 50%.